En un comunicado, esta patronal ha aplaudido hoy la decisión de la Xunta de Galicia, que ha anunciado que agilizará los trámites para abrir puntos de suministro de carburante al por menor en la región, siempre y cuando los nuevos negocios cumplan con la legalidad vigente.

 

El presidente de CEEES, Jorge de Benito, ha dicho que son firmes defensores de la competencia, pero siempre que ésta sea leal, por lo que continuarán denunciando la puesta en marcha de instalaciones de venta de carburante que no cumplen con la legalidad vigente, como sucede con las gasolineras desatendidas.

 

Esta organización dice que este tipo de gasolineras "no tienen cabida en el sector porque con las normas vigentes es imposible que este tipo de instalaciones cumplan con la legalidad".

 

Ha recordado que el CERMI ha elaborado un estudio que acredita que las gasolineras desatendidas "vulneran la legislación europea y española".

 

En este sentido, CEEES señala que el informe prueba que las gasolineras sin personal vulneran la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en concreto los artículos 20, 21 y 26 que garantizan la igualdad ante la ley de todas las personas, la no discriminación por razón de discapacidad y el derecho de estas personas a que se adopten las medidas necesarias para garantizar su autonomía y su participación en la vida de la comunidad.

 

Además, recuerda que la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en su artículo 5 detalla que las medidas específicas para garantizar la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad se aplicarán a espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación y transportes.

 

No obstante, el estudio de CERMI dice que falta un desarrollo normativo imprescindible, el de acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, en el que deberían establecerse las condiciones básicas de accesibilidad de servicios como el suministro de combustible.

 

Por eso, la patronal de estaciones de servicio apoya la propuesta de CERMI de añadir al proyecto de texto refundido de la Ley de Consumidores una disposición que garantice la atención a personas con discapacidad y personas mayores en estaciones de servicio de carburantes para automoción, y pide a los gobiernos autonómica que regulen de forma específica los derechos de esas personas en sus leyes sobre derechos de los consumidores.

 

El pasado lunes el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, y el consejero gallego de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, firmaron un protocolo para activar medidas que mejoren la competencia en el mercado de los carburantes en esa comunidad autónoma, cuyos precios se encuentran entre los más elevados de España.

 

(Información publicada por Efe)